Definitivamente hay que reconocer la necesidad de que los niños y jóvenes de las poblaciones de riesgo en nuestro país reciban la oportunidad de estudiar en un nivel medio técnico de alta calidad que incluya el servicio de internado (vivienda y alimentación) para aquellos que así lo requieran. Todos estos niños y jóvenes tienen derecho a una educación pública, laica y gratuita que les permita incorporarse a la vida productiva del país a edad temprana ya que de este tipo de educación dependerá en gran medida su capacidad de supervivencia en forma honesta obteniendo a través del ingreso por su trabajo honesto los recursos suficientes para sostener gastos primarios básicos como son vivienda digna, alimentos, vestido y transportación. No podemos olvidar que muchos de estos niños y jóvenes o bien carecen del apoyo de sus padres o bien han sido víctimas de abuso y/o maltrato dentro de sus casas ya sea por parte de sus familiares directos o por otros familiares que se han hecho cargo de su cuidado en ausencia de sus progenitores. La mejor manera de evitar que estos jóvenes se conviertan en el futuro en viciosos o delincuentes es a través de una educación digna que les enseñe un oficio que les permita ganarse la vida de forma honrada y honesta a través de un salario suficiente a edad temprana.
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